Desde diversas instituciones estos últimos años se está haciendo hincapié en exigir acciones urgentes para devolver la vida a nuestros dañados ecosistemas. Es el caso de las Naciones Unidas que el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente) dio inicio al “Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de Ecosistemas (2021-2030)”.

En el caso del Parque Natural y ZEC de de Aralar, protegido en la Red Natura 2000, ocurre todo lo contrario, ya que se han archivado las denuncias que, desde las organizaciones ecologistas Eguzki y Landarlan interpusimos, en 2016 y 2018 respectivamente, contra la construcción de las pistas de Goroskintxu-Saltarri y Enirio-Doniturrieta, que ha supuesto y supone, en nuestra opinión, un gran deterioro de los ecosistemas afectados y una supremacía de los intereses privativos sobre el patrimonio natural público.

Llama poderosamente la atención que, al dictar los Autos de archivo, se señale en los mismos la existencia de posibles ilegalidades que podrían llevar a anular las autorizaciones para la construcción de las pistas, pero, aun admitiendo dicha posibilidad, se diga que esas posibles ilegalidades no tienen un encaje claro en el código penal. Y todo ello a pesar de que en todos los informes que se elaboraron, así como en opinión de la fiscalía, quedaba claro que se estaba realizando una nueva pista en zona de monte protector y, por tanto, no había cobertura jurídica para su realización.

Además de lo indicado, otra de las razones esgrimidas por el juzgado para el archivo de ambas pistas ha sido la insuficiencia de pruebas y, precisamente, la institución encargada de presentar las mismas, como es el servicio Medioambiental de la Ertzaintza, ha afirmado reiteradamente que carece de recursos suficientes para realizar las investigaciones que se le han solicitado, tal y como ha ocurrido en el pleito de Aralar.

Respecto a esta cuestión, el Parlamento Vasco, en julio de 2018, pidió por unanimidad al Gobierno Vasco reforzar el grupo medioambiental de la Ertzaintza, así como dotarlo de los recursos humanos y materiales necesarios, y que sus miembros recibieran la formación necesaria para el desarrollo de su función. Pues bien, han pasado tres años y seguimos igual. Por ello podemos afirmar que, mientras no contemos con un servicio público, con medios y especialistas, que puedan emitir informes sobre daños y delitos ecológicos, careceremos de medios para acceder a una verdadera justicia ambiental.

Por otra parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el PNV, partido que sustenta la responsabilidad de gestionar las áreas protegidas de Gipuzkoa, nos han acusado de judicializar la política y de haber optado por la vía penal con una intencionalidad manifiesta, hacer política. Lo que no han contado es que nuestras denuncias fueron aceptadas por la Fiscalía de Medio Ambiente, siendo dicha institución la que inició la vía penal al ver argumentos jurídicos claros para hacerlo.

Para la Diputación Foral de Gipuzkoa y para el PNV, las asociaciones ambientalistas no tenemos derecho a denunciar judicialmente a responsables políticos por delitos contra el Medio Ambiente. Nosotr@s, seguiremos defendiendo, ahora y siempre, la biodiversidad y el bien público en Aralar y en todo el territorio con todos los medios a nuestro alcance, incluidos los judiciales. Pero no lo decimos nosotr@s por decir. La legislación internacional, como el Convenio de Aarhus, señala que: “para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental, estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones y tener derecho de acceso a la justicia cuando tales derechos sean denegados”.

Nosotros seguiremos defendiendo el derecho al medio ambiente, a su biodiversidad y patrimonio natural y a la existencia de unas áreas protegidas que cumplan sus objetivos de conservación y regeneración de la naturaleza, y en caso necesario acudiremos de nuevo a la justicia, que no les quepa ninguna duda.

Finalmente, pedimos a la Mancomunidad de Aralar a que vele por los intereses públicos y el cumplimiento de las determinaciones legales en materia de conservación de la naturaleza, inactivando las amenazas de construcción de nuevas pistas en esta área protegida.

Enirio-Aralar, julio de 2021.